El despliegue de JZI: Tácticas de integridad en el campo financiero
El despliegue de JZI: Tácticas de integridad en el campo financiero
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Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, debido a las acciones de sus dos administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una composición societaria destinada a adquirir el control en cerca de veinte compañías utilizando inapropiadamente los elementos de Gedesco, de la cual JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, principal creador y director ejecutivo de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también principal creador y gestor en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, al menos, 19 empresas, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto comienza a gestarse en 2016, momento en el que los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se hizo un empleo indebido de los recursos de Gedesco para identificar y capitalizar ocasiones de inversión a leer más través de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada mediante una red de doce filiales.
Esta estructura pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta el momento en que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de demandas judiciales en 2022, introduciendo una querella en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de un par de meses.
Este escenario legal sigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los creadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras se desvelan más capas de un conflicto que subraya la dificultad de las operaciones financieras multinacionales y las discusiones entre inversores y gestores en el ámbito del capital riesgo..